La Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía (anteriormente Agencia de Defensa de la Competencia) contribuye al desarrollo de la economía andaluza a través de la defensa y la promoción de la competencia con el objetivo de preservar el funcionamiento competitivo del mercado, fomentar la mejora de este funcionamiento y procurar que sus beneficios lleguen al conjunto de la sociedad.
A través de la página web de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía, puedes acceder, entre otra información, al Plan de Mejora de Regulación Económica. Horizonte 2024, a la normativa autonómica, estatal y europea en el ámbito de la defensa de la competencia, y consultar el listado de los distintos organismos relacionados con esta temática.
Plan de Mejora de Regulación Económica en Andalucía. Horizonte 2024
El Parlamento andaluz aprobó la Ley 2/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento, que incide especialmente en la eliminación de cargas administrativas que afecten a la actividad emprendedora, facilitando la tramitación electrónica y consulta telématica para la obtención de ayudas e incentivos. Con esta Ley se establecía la necesidad de aprobar un Plan de Mejora de Regulación que se plasmó en el Acuerdo de 24 de julio de 2018, en el Consejo de Gobierno, por el que se aprobó la formulación del Plan de Mejora de Regulación Económica en Andalucía 2018-22.
Mediante el Acuerdo de 30 de noviembre de 2021, del Consejo de Gobierno, extiende su ejecución hasta el 2024.
Objetivos
- Favorecer reformas estructurales que faciliten el acceso y ejercicio de una actividad productiva a personas emprendedoras y empresas, mediante la reducción de trámites y requisitos administrativos injustificados y desproporcionados.
- Impulsar un cambio en la cultura de la Administración, que la haga más ágil, accesible y proactiva, que asuma la evaluación y la reducción de barreras y trabas administrativas a las actividades productivas.
- Fomentar y atraer inversiones productivas sostenibles, y a tal efecto desarrollar políticas que conduzcan a una mayor seguridad jurídica y a la mejora continua de la calidad regulatoria.