Puede contactar con la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento y Vivienda de su provincia, donde será informado de las diferentes opciones para afrontar su caso si la situación familiar es de grave riesgo de exclusión social, entendiéndose por ello, en sus diversos grados y situaciones, la ausencia o insuficiencia de los recursos y medios económicos necesarios para el desarrollo de un proyecto de vida normalizado que le imposibilita o limita el ejercicio de los derechos sociales. Los requisitos son:
- Ser mayor de edad el solicitante del servicio de protección.
- Carecer la unidad perceptora de recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas, entre ellas la vivienda.
- En el caso de tratarse de personas sin empleo que estén en edad laboral, estar inscritos como demandantes de empleo, con la excepción de las personas perceptoras de pensiones públicas por invalidez y de aquellas que no puedan tener la condición de demandantes de empleo en virtud de las normas reguladoras de los Servicios Públicos de Empleo.
- Ninguno de los miembros de la unidad perceptora podrá poseer ninguna otra vivienda en propiedad, tener el derecho real de uso y disfrute de otra vivienda o cualquier otro régimen que le permita hacer efectivo su derecho a la vivienda.
- Las personas solicitantes deberán estar empadronadas en algún municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Informe de los servicios sociales acreditativo de la concurrencia de excepcionales circunstancias de exclusión social.
La aplicación concreta de estos criterios se realizará en atención a la evaluación social de cada caso a cargo de los prestadores del servicio.
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